Castilla y León destinará un millón de euros en ayudas al sector frente a los 14,2 millones de euros de Andalucía

El 18 de marzo la Junta de Castilla y León informaba de la aprobación en el Consejo de Gobierno de un Decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias para el sostenimiento y reactivación de los sectores turístico y deportivo de Castilla y León frente al impacto económico y social de la COVID-19, destinando un millón de euros  para dotar de liquidez a personas o entidades titulares de instalaciones deportivas o escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.

Tras este anuncio, la Asociación de Gimnasios y Centros Deportivos de Burgos ha manifestado su completa y total indignación ante la exigua cantidad destinada al sector tras un año de cierres intermitentes que ha paralizado y ahogado a las empresas dedicadas al deporte de Castilla y León.

Las comparaciones son odiosas y en este caso levantan ampollas entre los empresarios del sector, que envidian la apuesta y la sensibilidad de la Junta de Andalucía para con los centros deportivos y gimnasios de su comunidad, en la que se ha puesto a disposición   14,2 millones de euros para el Mantenimiento de la actividad en las PYMES que desarrollen su actividad como gimnasios, reflejadas en el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el marco de la reactivación Económica y Social.

Al margen de una insuficiente y ridícula cantidad destinada al sector, se suma la tardanza en la publicación de la convocatoria y cuyo retraso  está asfixiando a las pequeñas y medianas empresas. Empresas que han tenido que soportar el cierre de sus establecimientos durante más de 200 días en un periodo de un año, lidiar con agravios comparativos respecto a otras provincias de la comunidad, ya denunciados públicamente y  aguantar durante este tiempo sin ningún tipo de apoyo por parte de las administraciones.

Por ello, la Asociación de Gimnasios y Centros Deportivos de Burgos  EXIGE a la Junta de Castilla y León que mantenga el compromiso con nuestros centros, y amplíe la dotación de ayudas al sector, equiparándose a la política de reactivación de otras comunidades como es el caso de Andalucía.