El Real Decreto-ley 7/2026 de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio (RDL 7/2026), incorpora varias medidas de carácter fiscal, energético y laboral que pueden afectar a la actividad de los comercios, especialmente en materia de costes operativos, inversión y organización interna. Entre las disposiciones con mayor incidencia para el sector destacan las relacionadas con la fiscalidad energética, los incentivos a la inversión eficiente y determinadas obligaciones empresariales

Ámbito Fiscal

A) Impuesto sobre la renta de las personas físicas (RDL 7/2026 art.36)

Se establece una reducción temporal del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% hasta el 30 de junio de 2026, con aplicación de mínimos de imposición en caso de uso profesional. Asimismo, se aplica una reducción temporal del IVA al 10% para determinados suministros energéticos, entre ellos electricidad, gas natural, gasóleos, gasolinas, biocarburantes, briquetas, pellets y madera para leña, en los términos previstos en el documento.

B) Impuesto sobre sociedades (RDL 7/2026 art.37).

Se prorroga la libertad de amortización para inversiones vinculadas a energías renovables y para determinados vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga afectos a actividades económicas.

C) Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (RDL 7/2026 art.44).

En relación con los tributos locales, el texto prevé que los ayuntamientos puedan establecer bonificaciones en el IBI de hasta el 50% y en el ICIO de hasta el 95% para instalaciones de aprovechamiento térmico de energía solar o ambiental, siempre que cumplan los requisitos de homologación.

D) Impuesto sobre Actividades Económicas (RDL 7/2026 art.43).

Modificación en el IAE que excluye del cómputo de potencia instalada los hornos y calderas eléctricos, dentro de las medidas orientadas a favorecer la electrificación.

Ámbito Laboral

En el plano laboral, la norma establece limitaciones al despido para las empresas beneficiarias de ayudas directas vinculadas a este RDL, así como la obligación de disponer de planes de movilidad sostenible en determinados centros de trabajo, con plazo hasta el 5 de diciembre de 2026 para su elaboración e implantación.

Enlace al Decreto-ley